El vocal del Consejo de Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado Fernando González Urbaneja, ante el borrador final del Informe que encargó el Gobierno a este Consejo, formula un voto particular, discrepante de su contenido, con las siguientes consideraciones:

Consideraciones previas:

El Gobierno hizo un mandato amplio al Consejo, que no ha tenido ni limitaciones, ni interferencias en su trabajo. Cuanta colaboración hemos pedido a organismos públicos, entidades privadas y personas concretas, se ha obtenido con tanta generosidad como diligencia, que deberían haber animado al Consejo a ofrecer un Informe más ambicioso. La independencia otorgada y respetada implica una mayor responsabilidad y compromiso.

Desde primera hora todos los miembros del Consejo, incluido el experto económico-financiero que ha participado como uno más del Consejo, coincidimos en que era improcedente plantear la desaparición o la privatización total o parcial de los medios públicos, al modo en que se hizo, con éxito, en Francia o como se plantea ahora en otros países europeos.

La tarea encomendada pretende abordar una reforma a fondo de los medios públicos de comunicación, para dotarlos, conforme al mandato constitucional (artículo 20.3), de independencia, suficiencia, autonomía y responsabilidad; que son imprescindibles para cumplir con su función de servicio público, insuficientemente definida hasta ahora. También para someterlos a sistemas efectivos de control interno y externo; y para dotarlos de administradores competentes y de recursos financieros con los que hacer frente a los retos de una creciente competencia. En resumen, un marco de independencia y responsabilidad, que son conceptos indivisibles.

Especial aprecio y reconocimiento merecen las aportaciones al Consejo del experto económico-financiero designado por el ministro de Economía. Su trabajo ha sido serio y bien fundado, pero el Consejo no ha estimado sus propuestas de fondo y ha discurrido por otros caminos. El tiempo dedicado a debatir sus informes ha sido irrelevante. Su discrepancia sobre el diagnóstico y las propuestas financieras para RTVE constan al comienzo del Informe y la inclusión como Anexo de los documentos sobre RTVE y la Agencia EFE, permitirá a los parlamentarios a quienes corresponda debatir y aprobar, en su caso, la nueva ley, considerar argumentos, datos y propuestas interesantes.

Aspectos favorables del Informe:

Los medios de comunicación del Estado, si el Parlamento asume las propuestas del Informe, mejorarán en algunos aspectos. Las medidas planteadas contienen elementos positivos tales como:

1.- La definición de un Mandato de servicio público, revisable a largo plazo, con contratos-programa a plazo medio, que son imprescindibles para justificar subvenciones presupuestarias, así como un procedimiento para verificar el cumplimiento de ese Mandato, conforme a la doctrina comunitaria. El Informe repara, respecto a esa doctrina, en los aspectos favorables a las televisiones públicas, más que en las exigencias que fija; y pasa por alto tanto el estímulo a la competencia en el sector como la limitación a las ventajas de los monopolios públicos tradicionales.

2.- Otro avance es la recomendación de una autoridad independiente, como las que existen en la mayor parte de los países europeos, inspiradas en la veterana FCC norteamericana y concretadas aquí de formas diversas. España necesita esa autoridad audiovisual y las propuestas del Informe en ese sentido son pertinentes. Pero una autoridad audiovisual, incluso con las más amplias facultades, no sustituye la responsabilidad del gestor.

3.- También pone coto al clientelismo político, tan dañino para RTVE, a la hora de designar y componer los consejos de administración. Propone un órgano colegiado responsable, con dedicación exclusiva, con un mandato largo e irrevocable y con razonable independencia.

Pero la propuesta del Informe no diferencia responsabilidades en las distintas fases de designación de los administradores; los mismos proponen (grupos parlamentarios, sindicatos y autoridad audiovisual), designan y, en buena parte, controlan el cumplimiento del mandato. Una democracia avanzada debe diferenciar y desconcentrar facultades y prevenir los conflictos de intereses.

Al Parlamento debe corresponder la elección de los administradores, así como que éstos pasen por audiencia pública para exponer méritos y pretensiones. Pero no debería apartarse al gobierno del proceso; alguna instancia, un ministro o el propio presidente, debería proponer candidatos, como ocurre para el consejo del Banco de España o de entidades semejantes. Encomendar esta responsabilidad a los sindicatos o a la autoridad audiovisual, que tienen funciones de representación laboral y de control, incurre en conflicto de intereses y sobrerepresentación.

Y se requiere, además, que los grupos parlamentarios, las cúpulas de los partidos políticos, se tomen en serio la designación de personas competentes e independientes, para formar parte de esos órganos de gestión. Que renuncien a lotes e influencias y hagan posible equipos con sensibilidades y capacidades complementarias y con prestigio y experiencia para asumir con garantías una tarea tan difícil y exigente como reformar y gestionar con eficiencia los medios públicos.

La discrepancia:

¿Por qué discrepar de una propuesta que llega con este bagaje? Fundamentalmente porque cabía esperar más ambición en las propuestas financieras y de gestión y más rigor en el diagnóstico. Porque la ocasión es propicia para afrontar el futuro de los medios públicos de comunicación del Estado con una profundidad y radicalidad que el Informe no asume.

La televisión de mañana poco tendrá que ver con la de hoy. La multiplicación, fragmentación y segmentación de la oferta y de la audiencia, imponen a la industria exigencias extraordinarias para interesar al público y para ser viable. Más aun en los medios públicos, que tienen que justificar ante los contribuyentes y ante los responsables de la defensa de la competencia, cuantiosas subvenciones. La radiotelevisión pública necesita rigor, flexibilidad en la gestión y respeto a la competencia, y, además, ser una alternativa de calidad y servicio público frente a las otras.

El voto discrepante no es sobrevenido. Desde los primeros debates mantenidos en el Consejo se dibujó la mayoría y la minoría. Las diferencias se concretaron desde el perfil del secretario del Consejo, cuya designación es facultad del presidente, que no consideró la sugerencia de una persona que diera soporte jurídico al Consejo, hasta el alcance y ritmo de los trabajos. La mayoría rechazó acortar el plazo de entrega del Informe a finales del pasado verano. Tampoco estimó adecuado un documento sintético, lo más cerca posible al formato de proyecto de ley, que el gobierno remitirá al Congreso. Prefirieron un documento detallista y académico; y optaron por agotar el plazo.

Y diferencia respecto a la forma de trabajo. Se impuso un sistema de enmiendas escritas sobre textos previamente distribuidos, sin un debate amplio sobre los aspectos fundamentales. El procedimiento ha introducido rigidez y predeterminación al trabajo. Además el Consejo ha sido remiso a la hora de abordar los problemas financieros y de gestión, pese al mandato expreso del decreto ley de creación del Consejo.

Todo lo anterior podría haberse obviado si no hubieran surgido discrepancias de fondo, fundamentalmente, en el diagnóstico de los problemas básicos de RTVE y de la Agencia Efe, y también respecto al alcance de la reforma. La propuesta que el Informe hace para financiar RTVE es continuista; está insuficientemente fundamentada; tiene alto riesgo de tropezar en la Comisaría de la Competencia de la Comisión Europea (que la tiene bajo lupa a la espera de este Informe); y no es respetuoso con el contribuyente español. También es continuista la propuesta del modelo jurídico adecuado para RTVE. Y la propuesta es insuficiente porque parte de un diagnóstico débil sobre la situación de los medios públicos, una base de partida desenfocada, que limita y extravía la reforma.

Diagnóstico, gestión y financiación

El problema nuclear de RTVE está en el gasto, desmesurado y descontrolado, morfológico; que ha convertido en normal lo que es excepcional e inaceptable. Está en el pésimo uso de los recursos humanos y técnicos (¡qué desperdicio de capacidades acumuladas durante décadas!). Y está en una mala gestión, que obliga a revisar los procedimientos, comportamientos y estructuras, hasta desterrar el fatalismo de que en RTVE no es posible lo que es habitual en cualquier empresa responsable. Pero el Informe no repara en este problema central y prefiere referirse a otros, confundiendo causas con consecuencias. Algunos ejemplos:

1.- El informe propone que el marco jurídico de RTVE es inadecuado. El Estatuto de 1980 y sus reformas posteriores, no animan una radio televisión pública viable, consistente y apreciada por el público. Pero que deba modificarse ese marco no quiere decir que sea la causa de la crisis. No es por el Estatuto, ni por la confusión jurídica en la que actúan las radios televisiones públicas y privadas, por lo que RTVE requiere una reforma. La raíz del problema está en una gestión deficiente, que conduce al descontrol, al despilfarro, e incluso más allá.

La propuesta del Informe apenas modifica el modelo jurídico actual pese a su inoperancia. Reinventa el mismo modelo aliviándole de la deuda engendrada durante estos años. RTVE es una gran empresa que necesita para una buena gestión de todas las herramientas de la sociedad mercantil, sin merma de los resortes del control público. Requiere un traje jurídico y societario ad hoc, que propicie su independencia y una gestión austera y eficiente (artículo 31.2 de la Constitución).

2.- El Informe insiste en la necesidad de más control, sin reparar que los sistemas de control institucional previstos en el Estatuto de 1980 y habituales en los organismos públicos, son ineficaces en RTVE. Pero tampoco es esa la causa de su crisis. Los controles de SEPI son rigurosos, aunque decaen frente a la razón política. La Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas han dejado por escrito críticas y recomendaciones muy poco atendidas. Más decepcionante es el desempeño de la inane Comisión de Control del Congreso, mero escenario para la pendencia partidista.

Así que controles existen, pero también habilidad para ignorarlos. Y, para complicarlo más, el Informe resucita organismos de asesoramiento que han acreditado su ineficacia y que tienden a convertirse en fuente de gastos y de interferencias.

3.- El Informe insiste, también, en el creciente endeudamiento de RTVE que evidencia la necesidad de reformar el modelo. Pero tampoco es la causa del problema. Es la fiebre que revela la infección, pero no la infección. La enfermedad está en el déficit crónico de explotación, que provoca una deuda creciente. No se puede confundir déficit y deuda, el orden de los factores es determinante.

Endeudarse con garantía del Estado para financiar un déficit perpétuo, permite ganar tiempo y aplazar la reestructuración. Semejante mecanismo proporciona una coartada para achacar los males al Estado, cual chivo expiatorio, porque no subvenciona con suficiencia, cuando lo hace en demasía, bajo el oscuro método del aval, que endosa el déficit al Tesoro.

La solución no viene con abolir el endeudamiento, sino en evitar el déficit de explotación. Endeudarse es una alternativa de la gestión para invertir y optimizar recursos; el problema está en la reiteración del desequilibrio entre ingresos y pagos, en el desinterés por el gasto y la despreocupación para incrementar los ingresos.

4.- El Informe asume y consagra un sistema desleal de doble financiación, que denomina mixta, sin separar o escindir, nítida e inequívocamente, la programación de servicio público y la programación comercial. Atiende la infundada excusa de que la primera no interesará al público y la segunda es imprescindible para que la primera tenga audiencia inducida. Este es uno de los problemas básicos, tanto que mientras no se clarifique la separación de fuentes de financiación el modelo no será ni estable ni viable.

5.- El Informe asume la aspiración de que RTVE recupere la hegemonía del tiempo de monopolio, cuando era la primera empresa de comunicación de España; pero, sin entender que RTVE ha perdido sus ventajas comparativas, confunde ser fuerte con ser grande. Pretende que RTVE lidere el cambio tecnológico y sea motor de la digitalización y de la sociedad de la comunicación (para lo cual reclama más dinero público) sin reparar en que no es capaz, siquiera, de ofrecer una página web decorosa.

6.- El Informe critica la saturación publicitaria, aunque sea la propia RTVE quien la estimula, incluso bajando precios, para alimentar la máquina de gastar. Propone reducir los tiempos de publicidad sin analizar las consecuencias y sin reparar en que esas limitaciones suelen incumplirse porque siempre hay a mano excusas y subterfugios.

7.- El Informe acepta que la radiotelevisión pública española es barata, y la compara con televisiones europeas de otra dimensión, prestigio y trayectoria, para concluir, falazmente, que su presupuesto es modesto. España padece uno de los sistemas de televisión pública más costosos del mundo, en términos relativos y absolutos. Si al coste de la televisión estatal se añade el de las autonómicas, que también son sector público, el gasto anual supera los 3.000 millones de euros, tres veces más que las cadenas privadas en abierto con las que compiten, que obtienen tanta audiencia como las públicas, con programaciones semejantes. Además, RTVE pierde audiencia y, lo más grave, el carácter de referente para los espectadores, especialmente los jóvenes.

Para más detalles y argumentos véanse los párrafos 7 a 17 del documento elaborado por el experto económico financiero, que se acompaña como anexo al Informe, así como los párrafos 47 y siguientes con propuestas muy apreciables para una reforma radical del modelo.

La Programación

A la programación, materia especialmente compleja para quienes carecen de la más elemental experiencia en el medio, el Informe dedica un amplio espacio, con mucho detalle, que contrasta con las referencias muy genéricas y poco precisas dedicadas a la financiación, materia en la que se entra de puntillas, con recelo a las cifras y a los conceptos económico financieros; sin caer en la cuenta de que programación y financiación, parrilla y recursos disponibles, son dos caras de la misma moneda que no pueden disociarse.

Proponer programas, coberturas, exigencias y objetivos ambiciosos de parrilla y de canales, sin detenerse un momento a calcular cuanto cuestan y a considerar como van a financiarse, revela poca responsabilidad y menos realismo. El Informe consolida todo lo que hoy se programa y algo más. Incurre en el sofisma de separar la rentabilidad social y económica, en perjuicio de ésta, para huir del realismo. Considera “ineludible” la necesidad de que la televisión pública tenga dos canales generalistas (¿por qué no tres o cinco? ¿tiene sentido esa referencia en vísperas del apagón analógico?).

Además, amplía las cuotas de la llamada excepción cultural: 7% de todos los ingresos para el cine europeo, con un 60% español; 30% de los largometrajes nacionales y hasta el 50% europeos; 15% de la ficción de producción independiente (pendiente de definir)... , en resumen una pesada hoja de ruta para los nuevos gestores, que verán así estrechado y con muchos guijarros el camino de la reestructuración.

En el capítulo de programación, el Informe se atasca en una visión quietista de la actual estructura y de la oferta de RTVE. Consolida lo que hay, en muchos casos con acreditada ineficiencia, y no tiene en cuenta que es urgente una reestructuración a fondo de toda la oferta, en radio y en televisión, por razones de costes y para proponer una nueva programación capaz de soportar la competencia que llega con el nuevo horizonte digital. Una nueva dimensión que puede dar la puntilla a una RTVE que no ha sido capaz de subirse a ninguno de los últimos trenes del cambio tecnológico y que sufre, sin inmutarse, una decadencia ante la que sus directivos no se interrogan por sus propias responsabilidades, y sin que nadie se las exija.

Los problemas de RTVE

En conclusión, el primer problema de RTVE se llama, como ya se señaló unas páginas antes, gasto, que es morfológico. Mucho gasto corriente, mucho gasto en producción ajena o compartida (externos que ponen las ideas y TVE que aporta los medios), mucho gasto en servicios externos y mucho gasto por una plantilla excesiva y muy mal aprovechada.

El segundo se llama desperdicio de recursos humanos y técnicos, desconsideración hacia los profesionales que hay en la casa, que son capaces de elaborar y producir una buena programación. El Informe pasa como sobre ascuas por el hecho de una plantilla cristalizada y sobredimensionada. Un Informe de esta naturaleza y compromiso no puede evadir este problema y debería haberse pronunciado sobre el mismo.

RTVE necesita un plan inteligente y generoso de bajas incentivadas, con el paraguas de un ERE o de un programa voluntario, o con ambos a la vez, que debería abordarse con carácter inmediato. Reconvertir y crear al mismo tiempo complica el éxito, por eso la reestructuración debería tener carácter inmediato, antes incluso de la puesta en marcha del nuevo modelo.

Especialmente hiriente, el Informe se refiere a ello, es que casi medio millar de profesionales forman parte de una informal plantilla flotante, la de contratados excluidos de convenio, a los que se asignan durante años tareas fundamentales de producción de programas, sin continuidad y con manifiesta arbitrariedad e incertidumbre profesional. Una especie intermedia entre los fijos y los contratados, sometidos a evidente abuso. Resolver esos casos es de justicia y es urgente; No hace falta esperar la materialización de este Informe ni que resuelvan los tribunales laborales.

El Informe obvia cualquier referencia a los salarios, especialmente a los de los ejecutivos, mucho más bajos que los de sus competidores y claramente inadecuados para la naturaleza del trabajo que deberían desarrollar. Bajos salarios y deficiente forma de contratar que animan la puerta giratoria del tránsito, sin limitaciones, del ente público a la competencia y a empresas proveedoras, con todo lo que ello conlleva. Y que animan otros comportamientos con malas consecuencias.

El tercero se apellida desorden organizativo, impropio de una empresa con tanta experiencia y tantos recursos consumidos; una empresa que ha disfrutado de oportunidades para alcanzar la excelencia, pero que acumula los vicios de la administración pública y pocas de sus virtudes. Desorden que se manifiesta en procedimientos contables obsoletos, incapacidad para disponer hasta ahora de una contabilidad analítica moderna, e impericia para gestionar recursos muy abundantes.

El cuarto se denomina carencia de austeridad y desinterés por el equilibrio de ingresos y gastos. No hay buen ejemplo desde la dirección hasta abajo. No hay cultura de uso austero de todos los recursos; basta leer los informes de la Intervención General o del Tribunal de Cuentas.

El quinto se refiere a la incapacidad para comercializar sus propios productos, para crear nuevas fuentes de ingresos, para rentabilizar unos activos históricos infravalorados y poco utilizados. Saben captar publicidad pero sin ponerla en razón de rentabilidad y racionalidad. Publicidad en masa, compitiendo con precios y provocando una saturación nada conveniente y distorsiones en el mercado global de la publicidad que perjudican a quienes actúan bajo las reglas del mercado y la competencia.

Luego vienen las dificultades de una estructura jurídica inadecuada o el desinterés del accionista, de gobiernos que no encuentran el momento para actuar con la diligencia del buen comerciante o del cabeza de familia para cuidar un patrimonio que es el de los ciudadanos.

Sin un compromiso decidido del gobierno para cambiar el modelo y dejar hacer a buenos gestores, RTVE tendrá un futuro muy incierto. El actual gobierno prometió ocuparse del problema y ha dado algunos pasos en ese sentido; queda por ver si cumple el compromiso. La base de partida de RTVE, tanto en radio como en televisión, es buena. Es una casa con excelentes profesionales que conocen su oficio, aunque cada día están más desanimados y desesperanzados. Además tiene a favor que actúa en un sector en crecimiento, con más oportunidades que riesgos

La Agencia EFE.

La propuesta del Informe para la Agencia EFE es compleja y desproporcionada, porque parte de un diagnóstico erróneo. La Agencia necesita independencia, más recursos y mejor gestión comercial y empresarial. Y para eso no requiere de leyes específicas ni de controles redundantes que no aportan más que burocracia innecesaria. Si algo caracteriza a la Agencia es su modestia, una débil orientación comercial y poca ambición en sus objetivos. Ha disfrutado desde hace décadas de periodistas competentes, poco reconocidos, que saben hacer su trabajo; no padece el cáncer del gasto descontrolado, es una casa austera, con salarios moderados y poca gente en los pasillos.

EFE necesita más recursos propios, más autonomía, definición clara del carácter de servicio público y un contrato de servicio al Estado mejor articulado. También una política comercial efectiva. Para ello basta con un mandato preciso e inteligente en la propia ley de medios de titularidad del Estado, una reforma de sus Estatutos y un Contrato Programa plurianual, conocido por el Parlamento, y controlado por el ministerio al que se encomiende su tutela.

Madrid, 10 de febrero de 2005

Parte del INFORME PARA LA REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD DEL ESTADO

Revista de prensa - 1:36 a. m.